Si Evo Morales cometió estupro deberá responder ante un tribunal, no importa quién es ni qué relación tiene hoy con la joven que parece ser su pareja sentimental. Los indicios son sólidos y tendría que someterse a un proceso 1. No hay más que agregar, nadie en Bolivia debería actuar por encima de la ley. Ni Jeanine Añez, ni la iglesia católica, mucho menos Branko Marinkovic: las pruebas y los argumentos que demuestran cómo él y su familia se apropiaron de una laguna en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) no son nuevos, comenzaron antes de que Evo Morales gobernara al país, a denuncia del pueblo guarayo, y deberían ser materia judicial 2. Por todo esto, habrá que volver a dicutir el contenido real y concreto de otra palabra que usa la derecha para defender su discurso exluyente y racista, así como sus acciones de despojo y de abuso.

Al anclar en la “legalidad” todas sus explicaciones, sobre lo que hacen y lo que han hecho, Mesa, Camacho y Añez alteran el significado de esta palabra, como han hecho desde hace dos siglos la derecha blanca y sus políticos en Palacio Quemado y el viejo Congreso Nacional. Porque aún con acciones legales (y otras no tanto) lo que pretenden es que su voluntad y su hacer queden contenidos en un universo plano en el que, otra vez, su derecho está asegurado, lo mismo que su impunidad o sus privilegios (su democracia).

No importa quién, qué papel o qué decreto legalizó un despojo o un abuso, la derecha ha vivido durante un año una fantasía liberal (Carlos Mesa) o una autoritaria (Luis Fernando Camacho) a la sombra del gobierno de facto representado por Jeanine Añez y conducido por Arturo Murillo. Ellos, por supuesto, le llamaron campaña electoral. En cualquier caso, pretenden ajustar sus acciones y su discurso político a las leyes vigentes y la constitución. Y es posible que así sea en alguno casos pero eso no significa mucho, apenas que usan normas para justificarlo todo, hasta las masacres. Con esa misma argucia varios gobiernos bolivianos hicieron cosas terribles o las justificaron; bastaría recordar la cascada de dramas que trajo consigo el Decreto Supremo 21060 o esas leyes aprobadas para, entre otros, privatizar el agua y el saneamiento básico. Sánchez de Lozada, Paz Estenssoro, Tuto Quiroga y los demás sabían lo que estaban haciendo y sus consecuencias.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice la sabiduría popular en los Andes bolivianos. Algo que seguramente no ignora la ex ministra de Añez Karen Longaric, no solamente porque es boliviana sino porque dice haber estudiado derecho. Entonces, cuando afirma que es un “absurdo jurídico” pretender que un decreto aprobado por el gobierno de facto de Jeanine Añez no se llevó adelante para que Arturo Murillo se corrompiera... no es ignorante ni estúpida, es cínica 3. Esta mujer, que conducía la diplomacia boliviana denostando a otros gobiernos y restableció nexos con el genocida estado de Israel 4, no es inocente respecto de lo ocurrido en Sacaba y en Senkata: sabiendo que un decreto daba a militares y policías permiso para matar no dijo nada, lo firmó nomás.

El Decreto Supremo 4078, aprobado el 14 de noviembre de 2019, lleva la firma de Añez y toda su pandilla, Karen Longaric en primer lugar 5. En esa normativa tan legal como cualquiera otra, y Mesa no dijo nada al respecto que valga la pena recordar, se exime a militares y policías de toda acción penal en su contra “cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. Los cuatro articulitos del decreto están sin duda asentados en leyes vigentes... y sirvieron como sustento para la masacre en Sacaba al día siguiente y la de Senkata unos días más tarde. Todo legal.

Copiando el espíritu Decreto Supremo 27209 de 2003, con el que Gonzalo Sánchez de Lozada se permitió matar bolivianos (gracias al ingenio “legal” de Carlos Sánchez Berzaín), Añez y Murillo abrieron su ejercicio de poder matando legalmente. Pero El Alto no se les rindió aterrada, las movilizaciones crecieron masivamente durante varios días hasta forzar, como parte del acuerdo para calmar a Bolivia, que el gobierno de facto dejara sin efecto el DS 4078, que en su redacción vulneraba el principio de legalidad (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un principio jurídico “en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho”).

Longaric, por cierto, aceptó que el nombramiento de la hermana de Arturo Murillo como cónsul en Miami fue ordenado por la presidenta de facto. Y de todos modos presume, porque en ese trámite no se rompió ninguna norma o ley vigentes, que su gestión fue pura, profesional...

Así, ocupados en demostrar que sus hechos son legales, las figuras de la derecha boliviana esconden otra característica: son capaces de argucias y argumentos seudo legales para conseguir lo que quieren: una laguna, matar indios, gobernar Bolivia. Todo eso sirve, además, para explicar cómo los conjurados de Obrajes pudieron imponer a la presidenta que llevó la muerte a los indios (a quienes solía acusar de “satánicos”), que promovió actos de corrupción de sus funcionarios y apoyó a uno de sus ministros para titular tierras de propiedad indígena. Todo de manera, por supuesto que sí, “legal” 6.

En el reverso de su intolerancia enmascarada, por cierto, Doria Medina, Camacho, Mesa, Tuto Quiroga y la jerarquía católica han querido esconder que la mal amañada sucesión de Jeanine Añez era ilegal o fuera de toda norma, anticonstitucional. Bajo el pretexto de pacificar el país, que incendiaban por culpa de Evo Morales y su gente, eran capaces de ir contra la constitución y la estructura del Estado boliviano, usando para ello a la gente que en otro momento trabajó para consolidar un sistema de aparente civilidad donde mediante leyes se privatizaban recursos y empresas públicas. Es el caso de Luis Vásquez Villamor y su esposa Giovanna Jordán que, con toda oportunidad, dieron un aparente sustento jurídico a los acuerdos de los conjurados 7.

El cronista más reconocido de la movilización pitita y paramilitar, Raúl Peñaranda, explica que el domingo 10 de noviembre Vásquez Villamor dio “una clara explicación de cómo se debería actuar para lograr ese cambio de mando” 8. El texto de Peñaranda no explica nunca qué dijo el ex ministro. Se trata de un extracto de su libro sobre los sucesos de 2019 publicado el 15 de junio de 2021 por Página Siete porque Jeanine Añez lo uso para su declaración ante el juez por esos días... al menos el título es sugerente: “La pacificación se operó tras bambalinas” (¿por qué?).

Fue un redactor de Erbol quien en noviembre de 2019 dio luces sobre el rol que jugaron Vásquez Villamor y Jordán en la conjura que terminó con el derrocamiento de Evo Morales y la asunción de la beniana Jeanine Añez. Ambos abogados ofrecieron a los conjurados en Obrajes la Declaración 003/01 del Tribunal Constitucional, publicada el 31 de julio de 2001, sobre los mecanismos de sucesión presidencial 9. Gracias a eso, dicen los medios de la derecha boliviana, se logró rellenar el vacío... aún cuando la fundamentación jurídica del documento, explica la nota de Erbol, “haya correspondido a la constitución abrogada”. Es decir, forzando las cosas para obtener una legalidad nueva, ajena a toda legislación vigente pero funcional para los conjurados. Y de eso nadie parece darse cuenta en los medios de la derecha cívica, pitita, retrógrada.

Según la misma nota, el doctorcito subordinado a Tuto Quiroga fue todavía más lejos en sus explicaciones:

El abogado Vásquez explica que esta jurisprudencia muestra la sabiduría de la ley porque permite cubrir vacíos como el que se presentó y obviar incluso la aprobación o rechazo de la Asamblea a la carta de renuncia de Evo Morales o Álvaro García Linera, priorizando una solución de emergencia bajo el principio de continuidad que advierte que “no puede haber vacío de poder ni un minuto”.

En Página Siete le dieron otro trato al asunto, justificando todo por “la urgencia” 10. Mencionamos la nota del diario pitita porque analiza de manera neutra todo lo ocurrido para justificar la base jurídica de la sucesión de 2019. Y porque para respaldar su análisis consultan a un experto constitucionalista... Luis Vásquez Villamor. Una tautología útil pero engañosa.

Por cierto que ni Peñaranda ni los comunicadores de Página Siete han presentado jamás un análisis detallado de alguna de esas leyes o normativas nefastas (para comprar respiradores inútiles, liberar los gatillos de los uniformados o nombrar funcionarios truchos por todas partes). Al menos no tan amplio y minucioso como el publicado el jueves 29 de julio en torno al docente de la Universidad de Salamanca que realizó la última pericia al proceso electoral de 2019 por encargo de la Fiscalía General del Estado 11. Es decir que saben hacer un trabajo de análisis informativo que hubiera tenido mucha utilidad durante el gobierno de facto de Añez, lástima que apenas les sirva hoy para atacar al gobierno o para sustentar su amañada versión de la historia reciente.

Por ello es que se debe analizar si lo que hacen Página Siete o Erbol, Opinión o Radio Compañera, es legal y se hace en toda regla. Mentir o torcer los hechos cotidianamente no puede ser un error simple, una eventualidad, cuando lo hacen al menos desde noviembre de 2019. Los medios sin duda que tienen derecho a expresarse, inclusive como hizo Raúl Garáfulic en alguna sesión de Zoom para defender encuestas y trabajo informativo durante la campaña electoral en 2020, declarando sin tapujos su preferencia por Tuto Quiroga (en gustos se rompen géneros)... pasa que los medios también tienen obligaciones, incluido el mandamás de Página Siete, sus directores y todos sus escribidores. ¿Las cumplen? ¿Pueden mentir y relativizar lo ocurrido en Sacaba y en Senkata, por ejemplo, como “consideradas masacres” 12? ¿Se puede hacer algo contra ellos para que detengan sus abusos al lenguaje, a la gente y a la historia, corrompiendo su supuesta labor social? Por lo menos hay que dejar de creer en todos sus lamentos por lo que llaman “ataques a la libertad de expresión”... su derecho termina cuando comienzan los de los demás.

La legalidad a la que Mesa, Vásquez, Tuto Quiroga o Añez hacen todo el tiempo mención no es el ideal jurídico romano (el imperio de la ley). La usaron para llevar adelante su conjura, sus campañas políticas y hasta sus empresas comerciales más notables, lo mismo en la plaza pública que a través de sus medios. Dicha “legalidad” existe, es propia de la historia de esta élite venida a menos: trabajaron para construirla sus padres y sus abuelos. Su discurso legalista y emocional, que habla de lo que a ellos les parece correcto, no es universal... y si es legal, lo que tiene que cambiar en Bolivia son las leyes, no la conducta de la mayoría.

Referencias

1. <https://www.ahoraelpueblo.bo/cinco-indicios-develan-supuesta-relacion-entre-evo-morales-y-una-menor-de-edad/>.

2. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/investigaran-a-empresario-cruceno-por-presunta-apropiacion-de-tierras-30025>.

3. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/29/longaric-ds-no-fue-aprobado-para-que-murillo-cometiera-un-acto-de-corrupcion-296532.html>.

4. <https://www.middleeasteye.net/news/bolivia-announces-plans-renew-diplomatic-ties-israel>.

5. <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-aprueba-decreto-exime-militares-cualquier-responsabilidad-penal/20191116174741737171.html>.

    <https://apnews.com/article/103d11c6fb96438d8ddd1ea61fe6e711>.

    <https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/11/sample1.pdf>.

6. <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201127/fundacion-tierra-muestra-resolucion-que-adjudico-predios-familia>.

7. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/17/la-historia-no-contada-de-la-salida-de-evo-morales-la-sucesion-de-anez-237603.html>.

8. <https://www.paginasiete.bo/gente/2021/6/15/la-pacificacion-se-opero-tras-bambalinas-la-cronica-en-la-que-anez-basa-parte-de-su-declaracion-298166.html>.

9. <https://erbol.com.bo/nacional/declaración-del-tc-de-2001-abrió-paso-la-sucesión-ipso-facto-de-añez>.

10. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/12/ante-la-urgencia-el-tcp-aplico-el-derecho-prevalente-237222.html>.

11. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/28/al-menos-se-cometieron-irregularidades-en-contratacion-de-docente-de-salamanca-302339.html>.

      <https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/29/pericia-no-garantiza-que-uso-de-dos-servidores-haya-sido-legal-en-2019-302393.html>.

12. <https://erbol.com.bo/nacional/el-giei-entregará-su-informe-de-hechos-de-2019-y-estiman-que-en-agosto-será-de-conocimiento>.