En su incesante manipulación de vocablos y expresiones, la derecha boliviana y sus medios abusan de una que aparenta ser común a toda la especie: “derechos humanos”. Cuando tratan el arresto de Añez, por ejemplo, o durante las manifestaciones violentas contra el gobierno de Evo Morales en 2019, la colocan en su discurso no solamente para torcer el sentido de lo que se expresa sino utilizándola, paradójicamente, como arma contra el masismo y el gobierno de Luis Arce Catacora, también contra los indios. En sus discursos y retahilas, Carlos Mesa y Fernando Camacho, Waldo Albarracín y otros, recurren constantemente a esas dos palabras para justificar sus acciones, o sus omisiones, para defender posiciones de abstracta apariencia sin contexto ni pasado pero contundentes.

Olvidan o ignoran que esos derechos nunca significaron lo mismo y siempre quedaron al arbitrio de los poderes establecidos (las coronas, las dictaduras o las presidencias); nunca fueron una obra acabada. Lo mismo con la proclamación de los Derechos del hombre y del ciudadano establecidos por la Revolución Francesa de 1789 que con su configuración actual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En los tiempos del asalto a la Bastilla y de constantes dosis de guillotina, la Francia de la democracia parlamentaria no reconocía derechos a todos, inclusive apostaba por el particular “derecho” a tener esclavos 1. Con la declaración de la ONU sería interesante contrastar sus artículos con las acciones de los conjurados Tuto Quiroga y Carlos Mesa cuando eran presidentes o vicepresidentes.

Podríamos pasar horas revisando las historias sobre los derechos electorales de mujeres e indígenas en todo el mundo o la inhumanidad sin derechos a la que Estados Unidos sometió (y somete) a su población negra y nativa... los derechos humanos no son ni han sido nunca aplicados ni respetados. Son al menos por ahora un ideal, no una realidad concreta.

Cabe aquí explicar que, para quien escribe, la relección indefinida no es un derecho humano... ni eso ni el abuso desde el poder son aceptables como pretexto para nada, tampoco la imposición arbitraria de soluciones (estilo la conjura de Obrajes) ni la represión de civiles pueden considerarse ajustados a ninguna doctrina jurídica: pueden ser legales, nunca serán legítimos. Por otra parte, la combinación de arbitrariedad y la represión puede llegar a ser catastrófica, como demostraron Arturo Murillo y sus compinches a la hora de violar el derecho humano más fundamental, el de la vida.

Dijo el exministro de gobierno de los muertos y heridos en el horror del puente Huayllani en Sacaba:

Aunque sean los heridos que vinieron a agredirnos igual que los atiendan, que nos vamos a hacer cargo de sus gastos. Aunque ellos mismos se hayan hecho daño... muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, en la cabeza 2.

Pero lo cierto es que nadie en Sacaba disparó a la nuca de sus compañeros, los mató o los hirió una operación represiva ordenada desde el gobierno de facto de Jeanine Añez. No se mataron entre ellos, como decía cínicamente Arturo Murillo en esos días, sin que ni Carlos Mesa ni Fernando Camacho criticaran abiertamente lo sucedido, ni en Twitter ni en sus actuaciones mediáticas. Lamentar las muertes es una cobarde manera de no nombrar a los asesinos.

Tampoco hubo agresiones a los policías en la Planta de Senkata desde la que dispararon a la gente unos días más tarde, como justificó Murillo esa masacre. El equipo de la fiscalía paceña a cargo de la investigación ha demostrado sin muchas pericias que no hubo ni un solo disparo contra la fuerza policial y militar apostada en la planta 3. Lo que sí hubo, y el sociópata de Murillo fue el ejecutor, fue dos masacres en las que, protestando desarmados contra el gobierno de facto, dos grupos de gente pobre fueron acribillados... sus derechos humanos valieron poco o nada durante el año de gobierno de Murillo y Añez.

Página Siete hizo su trabajo, reportó sesgadamente lo ocurrido en Senkata y en la planta de YPFB, dando por buenas las versiones del gobierno (de Arturo Murillo), de los militares y de la policía (un ejemplo de su trabajo informativo: “Un grupo afín al expresidente Evo Morales incendió, además, vehículos dentro de ese predio”) 4. Pero que los redactores mientan y no se corrijan no es novedad y se repite casi a diario en el periódico que encabeza Raúl Garafulic hijo.

Un ejemplo al caso son dos notas, publicadas el 22 y el 23 de junio de 2021, en las que los periodistas firmantes opinan junto a los críticos opositores que este gobierno y el de Evo Morales alinearon a Bolivia con países donde no hay escaso respeto por los derechos humanos 5. Es decir, los gobiernos del Movimiento Al Socialismo han siempre votado alineados para apoyar gobiernos como los de Siria o Corea del Norte o Nicaragua. Mal signo, parece expresar el diputado de Comunidad Ciudadana Gustavo Aliaga... puede ser y debería discutirse públicamente el apoyo a Daniel Ortega o a Vladimir Putin. Lo que no pueden ocultar los escribidores a sueldo de Garafulic es que una opción no siempre es mejor que la otra.

Alinear a Bolivia con el gobierno de Donald Trump no fue una gran jugada del gobierno de facto de Jeanine Añez. Nombres como George Floyd, Eric Garner o Breonna Taylor deberían decir algo a Página Siete y su singular percepción de los derechos humanos, que son violados a diario en todas partes, en particular los Estados Unidos. Sin mencionar los abusos a los que son sometidos los miles de migrantes pobres que desde Asia y África quieren llegar todos los días a Europa, o los miles de centroamericanos y caribeños varados en México tratando de cruzar una frontera para, lejos de la miseria y de la violencia, vivir alguna vez el sueño americano: esclavizados y confinados dan fe de cómo sus derechos, y sus necesidades, valen poco para esas curiosas democracias del mundo occidental en las que Mesa, Camacho y sus aliados depositan su fe y sus ansias. Quiero decir: con sus notas el diario de la revuelta pitita no defiende ni los derechos humanos ni la verdad... defiende lo que considera propio, su derecho.

Tal vez por eso la cobertura que en noviembre de 2019 se hizo de la quema de casas nunca ha sido, ni será, balanceada. El trabajo de Página Siete para contar el drama de los atentados incendiarios contra Waldo Albarracín y Casimira Lema es encomiable: da cuenta del horror y de la violencia desatados en torno a la renuncia de Evo Morales y de Alvaro García Linera. Lo que es lamentable es que no le dieran el mismo espacio a la quema de las casas del entonces presidente de la Cámara de Diputados (Víctor Borda) y de César Navarro, ex diputado y ex ministro de Evo Morales: en ambos casos las quemas fueron operaciones de chantaje (en el caso de Borda acompañada del secuestro de su hermano, para obligarlo a renunciar a su derecho sucesorio a la presidencia) y terminaron igual que las dos ocurridas en La Paz posteriormente (con la quema de los inmuebles).

Injustificable en todos los casos, incomprensible en la parcialidad de los medios alineados con los grupos de la revuelta... o no, y eso explica también por qué Erbol, Radio Panamericana y varias televisoras caminaron como de puntitas al mencionar el drama de Borda, evento crítico para entender cómo apareció lo que los conjurados de Obrajes llaman el “vacío de poder”, y que fue su pretexto fundamental para amañar la sucesión de la misma manera que Página Siete hace su trabajo informativo: consideraron su derecho hacerlo, inclusive por encima de los derechos de los demás.

En el otro extremo del espectro político, el derecho fundamental de nuestra especie —a la vida digna— es algo que no siempre conocieron los aymaras o los guaraníes (esclavizados todavía en este siglo por los hacendados). O es algo que careció de valor tangible para los políticos bolivianos de la democracia, esa forma cojeante de gobierno en la que mandaban los blancos de siempre. De eso dan cuenta los muertos en Amayapampa y Capasirca o los cocaleros asesinados a quemarropa por órdenes del brutal Tuto Quiroga con su imposible misión de “coca cero”.

Lo mismo atestiguan las agresiones y muertes en el altiplano aymara y los valles centrales de Cochabamba durante la Guerra del Agua en 1999 y 2000, o en Febrero Negro y la Guerra del Gas en 2003. Durante esta última tragedia en las provincias aymaras y El Alto, Carlos Mesa se alejó del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada diciendo que no tenía “el valor de matar”... ni tampoco el de hacer justicia o el mínimo coraje para restituir dignidad a quienes sufrieron graves violaciones a esos derechos humanos que dice le preocupan.

Durante el Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices por las masacres de septiembre y octubre de 2003, los jueces de la Corte Suprema esperaban que Carlos Mesa declarara, al menos para iluminar algo de lo ocurrido. Mesa envió una copia de su libro Presidencia sitiada y el dvd adjunto, nada más. Hizo lo mismo en el juicio contra Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en Miami, aún cuando un abogado estadounidense le dejó claro a Carlos Alarcón, su representante legal, que un libro y un video no valían como prueba testimonial. Hasta el último día de juicio en Estados Unidos las víctimas de la Guerra del Gas trataron de convencerlo para declarar. Se negó. Y seguirá negándose a declarar porque los derechos humanos que le importan son los suyos y los de su gente, o como interpretó agudamente un meme su última actuación judicial: se niega a dar testimonio para no incriminarse...

Hay por último un secreto que Eugenio Scarpellini no se llevó a la tumba. ¿A quién representaba cuando presidió la mesa que iba del chantaje a la conjura? ¿Quién lo empoderó para hacerlo y llamar a eso diálogo? Nadie, ni su dios ni su pontífice. No tenía derecho a fomentar nada ni a mediar en nada por el estilo de lo que entonces llamaron “pacificación” 6. La participación de Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina muestra que los jerarcas católicos tomaron partido por esa minoría que pretendía dominar las calles y derrocaría a Evo Morales apoyada en el repliegue de militares y policías. La conjura tomó control de las acciones por encima de toda institución estatal y ley vigente (Mesa vetando masistas, Quiroga coordinando acciones con los uniformados). La iglesia se vistió de espíritu santo.

Su "verdad" no resiste el fuego de la experiencia. De todo lo escrito y lo dicho por la derecha boliviana (y sus medios) hay poco que se sostiene fuera de su fe, es decir, de lo que creen y lo aceptan más allá de la blanquitud, del universo pitita que se reduce con el tiempo, no solamente en cantidad de gente, también gracias al esencialismo de sus “creadores”, que imaginan como el aprendiz de brujo que recrean la realidad cuando lo único que logran es un desastre que tomará generaciones arreglar.

Referencias

1. <https://elpais.com/diario/1987/08/10/cultura/555544808_850215.html>.

2. <https://eldeber.com.bo/pais/cocaleros-intentaron-convencer-al-giei-que-no-se-dispararon-entre-ellos_210430>.

<https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1828712020SPANISH.PDF>.

3. <https://comunicacion.gob.bo/?q=20210210/31794>.

4. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/20/seis-muertos-por-accion-militar-ante-un-atentado-dinamitero-en-planta-de-ypfb-237936.html>.

5. <https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/en-onu-oea-bolivia-esta-alineada-paises-acusados-de-violar-los-ddhh-298878.html>.

<https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/23/sacha-pary-gonzales-arce-alinearon-bolivia-con-paises-que-vulneran-ddhh-298989.html>.

6. Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia. Octubre 2019 Enero 2020, Conferencia Episcopal Boliviana.